Estas son las leyes y normas consideradas incendiarias
La Ley 741 es la “clave” del conflicto porque autoriza el desmonte y la quema de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y grupos comunitarios, según el análisis de legisladores, abogados, activistas y ambientalistas.
Detrás de los incendios forestales en Beni, Santa Cruz y Pando que arrasaron con casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año, están al menos nueve leyes y dos decretos supremos, que directa o indirectamente amplían la frontera agrícola y la quema controlada de tierras fiscales. En este explicador te detallamos sobre estas normativas junto al análisis de profesionales en derecho y medioambiente.
Las denominadas “leyes incendiarias” son un conjunto de normas que han sido criticadas por permitir y fomentar la quema de bosques y la deforestación, generando graves desastres ambientales.
Estas leyes fueron principalmente promulgadas en el Gobierno de Evo Morales Ayma entre 2006 y 2019, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola y promover la producción agropecuaria. Se estima que al menos nueve leyes se consideran parte de este paquete.
La senadora paceña de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena Zárate le dijo a Bolivia Verifica que este marco legal estableció que las tierras ilegalmente quemadas podrían entregarse o sanear a cambio de la producción de alimentos.
“Hoy sabemos que en la mayor parte de las tierras desmontadas no se cultiva ningún alimento. Sabemos que esas tierras son para engorde y especulación (asentamientos)”, denunció.
Para el abogado ambiental y activista Rodrigo Herrera Sánchez las normas denominadas incendiarias se caracterizan por su permisibilidad, basadas en la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos.
“Vamos a hacer un ‘perdonazo’ total a todas aquellas personas que me han quemado y han incumplido las disposiciones legales, relacionadas con la deforestación desde 1996 hasta 2001, no les vamos a sancionar ni les vamos a poner una multa por todo lo que hicieron”, ironizó Herrera Sánchez sobre una de las disposiciones que más daño le hizo al medioambiente.
La activista ambiental Erika Bayá le dijo a nuestra redacción que la Ley 741 de desmonte de pequeñas propiedades para actividades agrícolas es la “clave del conflicto”.
Esta normativa autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y grupos comunitarios.
“Cualquier persona puede desmontar o chaquear… 20 hectáreas es imposible, siempre se va a salir de control”, refirió.
El activista Javier Bellot del grupo Salvemos la Chiquitanía dijo que los incendios forestales en esta época son difíciles de controlar, no solo por el calor, sino por los fuertes vientos.
A este escenario se debe sumar que no existe una respuesta rápida del Estado contra los incendios forestales. “Si hubiéramos actuado hace 60 días, cuando alertamos sobre este descontrol, los efectos serían distintos”.
Leyes denominadas incendiarias
Estas son las normativas que fueron observadas y calificadas por activistas y opositores como “incendiarias”.
1.- Ley 337 de 2013 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.
Esta norma establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, cuyos beneficiarios podían acogerse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
El principal argumento para la promulgación de esta normativa fue la seguridad alimentaria.
Requena dijo que esta ley es una especie de “perdonazo” para que los productores se unan al Programa de Producción de Alimentos.
Esta lectura es compartida por el abogado ambientalista Herrera Sánchez.
La ley fue abrogada por el Senado, pero aún falta el tratamiento en la Cámara Diputados y la respectiva publicación. Es decir, que sigue vigente.
2.- Ley 502 de 2014, referida a la ampliación del plazo y modificaciones a la Ley 337
Esta normativa básicamente amplía a 12 meses el plazo de suscripción para que los agricultores se apoyen en el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
La senadora Requena indicó que esta ley es otro “perdonazo”.
3.- Ley 739 del 29 de enero de 2015, que modifica la 337 y la 502.
En este caso amplía los plazos a 18 meses para que los agricultores puedan acogerse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Requena y Herrera señalan que esta ley también es un “perdonazo” con el argumento de promover la seguridad alimentaria.
4.- Ley 952 del 26 de mayo de 2017.
Amplía hasta el 31 de diciembre de 2017 la suscripción para que los agricultores se puedan acoger al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Según la senadora Requena, las tierras ilegalmente quemadas podían ser entregadas si había producción de alimentos, aunque la mayoría fue identificada para la ocupación de asentamientos humanos o la especulación.
5.- Ley 740 de ampliación del plazo de verificación de la función económica social.
Esta norma establece un plazo excepcional de cinco años para la verificación de la función económica social, aplicable en procedimientos de reversión de la propiedad agraria a favor de los interesados.
Según Requena estas leyes: 337, 502 y 740 son marcos legales conocidos como “perdonazos”, cuyo objetivo fue promover el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
Requena dice que la Ley 740 y la Ley 741 fueron aprobadas el mismo día. “Al extender los plazos, lo que se hace es que no se puedan revertir tierras por incumplimiento de función social”, explicó.
6.- Ley 741 de 2015 sobre autorización de desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias.
La ley tiene por finalidad ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) tiene la atribución de autorizar el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en espacios de producción forestal permanente, sin la presentación de planes de ordenamiento predial (POP).
Requena denunció que esta ley permite el desmonte por familia de hasta 20 hectáreas sin un plan de ordenamiento.
La familia puede realizar el desmonte, incluso sin tener el derecho propietario consolidado. Sin los papeles del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se podía quemar por familia 20 hectáreas, una forma de decir “queme no más”, en el marco de comunidades legalmente asentadas. “Entonces uno quemaba a lado del otro, provocando incendios”, criticó.
“Al hacer una quema controlada, necesitas cierta tecnología para desmontar el bosque, hacer contrafuegos, presentar ese proyecto a la ABT y que ella acompañe con funcionarios, es un tema costoso”, dijo la senadora.
Esta ley libera en los hechos la quema de bosques. Era una especie de promoción con el desmonte y la quema.
En este caso, un asentamiento que no tenía el derecho propietario consolidado podía acogerse a este plan, añadió Requena.
Para la legisladora opositora y los activistas consultados, esta ley fue “pensada” para la ampliación de la frontera agropecuaria a favor de los interculturales.
7.- Ley 1098 que establece el marco normativo para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal.
Aunque esta ley está relacionada con la producción de alimentos transgénicos, también está vinculada con el Programa de Seguridad Alimentaria.
8.- Ley 1171 de 2019 de uso y manejo racional de quema.
Para la legisladora opositora también se trata de un “perdonazo” porque generaba multas. El título establece una política nacional del manejo de fuego, quemas controladas y sanciones administrativas para quemas no autorizadas.
La normativa no fue reglamentada hasta la fecha. Esta ley fue abrogada por el Senado, pero falta el tratamiento en Diputados.
Requena dijo que una abrogación así sin disposiciones transitorias, es una forma “hipócrita” de responder a la presión social por los incendios.
“Las abrogaciones de las dos leyes son improvisadas, oportunistas e insuficientes. Es una forma de responder a las iniciativas del Ejecutivo”, dijo.
“Presentamos un proyecto de ley integral, porque debemos comprender que el problema de los incendios no pasa por abrogar”.
9.- Ley 1700 del 12 de julio de 1996
Tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.
Si bien su fin es bueno, la norma ponía multas muy bajas contra las quemas ilegales.
Decretos supremos
1.- Decreto Supremo 3874 de 2019 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación, por ejemplo de la soya, como componente transgénico.
Requena dijo que la agropecuaria de los alimentos transgénicos tiene afectaciones más indirectas en los asentamientos de personas en la región.
2.- Decreto Supremo 3973 de 2019 que modifica el Decreto Supremo 2675, cuyo fin es autorizar el desmonte a favor de la actividad agropecuaria en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
La senadora explica que este decreto fomenta la ampliación de la frontera agrícola. En consecuencia, el Gobierno nacional no puede controlar las quemas que derivan en incendios forestales. “De manera indirecta este decreto ha contribuido a los incendios”, añadió.
Pausa ecológica
El Gobierno de Luis Arce Catacora aprobó el 11 de septiembre un decreto supremo que declara una pausa ecológica para frenar las quemas que causaron los incendios forestales en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.
“Se ha aprobado el Decreto Supremo 5225 y tiene por objeto declarar una pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional”, leyó el ministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer Rosales.
El segundo artículo de dicha norma señala que “todas las autorizaciones de quema emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) quedan suspendidas”. Además, se prohibió la emisión de autorizaciones de quema.
Los incendios forestales persisten en el oriente del país, mismos que se registran desde julio. El Centro de Operaciones de Emergencias Departamental de Santa Cruz (COED) informó este 16 de octubre que aún se reportan 27 incendios activos en 14 municipios.
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