Feminicidios: La comisión de revisión no detalla sus resultados y niega acceso a un grupo de siete medios

*Actualizado: Tras la publicación de esta nota, el viceministerio de Comunicación se contactó para anunciar la publicación de la memoria institucional del trabajo de la comisión

Si tenés sólo unos minutos:

• La comisión revisora de los casos de feminicidas y violadores sentenciados que fueron liberados se conformó el 4 de febrero de 2022. Durante 120 días trabajaron revisando procesos y emitiendo órdenes de aprehensión para revertir los casos con irregularidades.  
• No existe precisión respecto a qué cantidad de los casos revisados por esta comisión, corresponden a feminicidios o a violaciones.
•  Al primer semestre de este año, 1.034 mujeres fueron víctimas de feminicidas (2013-2022), si se suman los datos del informe de la Fiscalía General remitido al Senado a petición de la parlamentaria Andrea Barrientos y el último reporte público del Ministerio Público de la Nación. Tomando en cuenta esos datos y que la comisión revisó solo casos con condena, su trabajo alcanzó un 25,85%.
• Entre los datos presentados por la comisión, además, se hace referencia a la recaptura de 21 feminicidas y violadores. No se precisa si estas recapturas son parte de las 51 órdenes de aprehensión emitidas o son ajenas a ellas.  Lo que implica que entre 30 o 50 agresores y asesinos de mujeres están en las calles.
• El spot señala que como parte de los resultados de la comisión, se intervino al 100% de los Juzgados de Ejecución Penal.  Esto en números es 18 juzgados. Cada juzgado tiene un juez, es decir que se evaluó el trabajo de 18 jueces. Esto equivale al 1,6% de los 1.095 jueces que hay en el país.

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Redacción El Polígrafo

En un spot publicitario de menos de dos minutos, el Gobierno presentó un resumen del trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios que operó durante 120 días revisando los casos de feminicidas y violadores que fueron liberados pese a tener sentencia.

El audiovisual presenta varios datos que pretenden ser triunfalistas pero que en gran medida, carecen de contexto. Por ejemplo, refiere casos revisados y observados, pero no aclara qué porcentaje corresponde a qué delitos. Tampoco se deja esclarecido por qué sólo se emitieron 51 órdenes de aprehensión cuando los casos observados son casi el triple.

El Polígrafo, la cruzada contra la desinformación conformada por Asuntos Centrales, Bolivia Verifica, Correo del Sur, El País, F10, La Palabra del Beni y Página Siete, de la mano del Colectivo de Investigación de Código Abierto, Data Crítica, solicitó el reporte oficial del trabajo de la comisión para poder profundizar las cifras escuetas del audiovisual publicitado. Pese a haberse hecho varias solicitudes por múltiples vías, ninguna obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

Tampoco es fácil acceder a datos de feminicidios y violaciones pues no hay datos abiertos sino reportes de varias instancias estatales que en algunos casos no coinciden.

Detallamos a continuación y sometemos al análisis, las cifras dadas en el video publicado el 5 de junio de 2022, desde la cuenta de Facebook del Viceministerio de Comunicación.

Dato 1: “De un total de 327 casos revisados, se identificaron 141 observados.”

Este año, a raíz de la indignación popular por el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores, el Gobierno activó una comisión interorgánica que se concentró en revisar 327 casos de feminicidios y violaciones. No existe precisión respecto a qué cantidad de lo revisado corresponde a feminicidios y qué a violaciones.

Si se inscribe la cifra suelta (327) en el registro de feminicidios de Bolivia, el número es solo una tercera parte de los 998 registrados desde 2013 –año cuando entra en vigencia la figura– hasta febrero de este 2022, mes de arranque del trabajo de la comisión.

Al primer semestre de este año, ese total sobrepasó el millar: 1.034 mujeres víctimas de feminicidas, si se suman los datos del informe de la Fiscalía General remitido al Senado a petición de la parlamentaria Andrea Barrientos y el último reporte público del Ministerio Público de la Nación. Ese total sobrepasa además el dato conocido y manejado por organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

La comisión no hizo públicos los datos con los que trabajó. Por lo dicho por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en distintas conferencias de prensa, uno de los talones de Aquiles es justamente la falta de sistematización de una sola base de datos.

“Como otro de los pilares fundamentales de avance se tiene la obligatoriedad a partir de ahora, de interoperar los sistemas del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de Régimen Penitenciario para que exista una base sólida, consolidada de datos, donde no exista posibilidad de manipulación de la información, donde manejemos un solo sistema, una única base de datos, una única base de información para nuestras acciones. Recordarán que en una de las primeras reuniones de la comisión se vio que una de las principales falencias tenía que ver con que cada entidad manejaba datos distintos y dispersos”, remarcó la ministra durante la presentación del último informe de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, el 3 de junio.

De los 327 casos revisados, la misma comisión observó 141, lo cual delata un mal manejo sistemático en el sistema de justicia en el país. Pues la cifra da cuenta de que casi la mitad de lo revisado tenía una irregularidad. Según los datos provistos por quien encabezó la comisión, la ministra de la Presidencia María Nela Prada, los casos observados se encuentran en La Paz (68), Santa Cruz (27), Cochabamba (25), Oruro (6), Potosí (6), Pando (5), Tarija (3) y Chuquisaca (1). Estos datos no aparecen en el spot promocionado en redes sociales, de forma paga.

La comisión dejó en claro desde un principio que se abocaría a los casos con sentenciados libres, decisión que dejó fuera a decenas de víctimas. Según un informe remitido por la Fiscalía General a petición de la senadora Andrea Barrientos, los casos con condena en Bolivia sólo representan el 25,85%.

¿Cuántos casos de feminicidios están “con condena” en Bolivia?

Los datos publicados por la comisión revisora no responden a esta pregunta, pero sí lo hace el informe de la Fiscalía remitido al Senado, aunque sus cifras superan las conocidas hasta ahora y los términos usados no son uniformes.

Desde 2013, se registraron en Bolivia 998 feminicidios. De ese total, 258 están “con condena” –54 cerrados, según especifica el informe– y 73 con “sentencia”, de estos, ninguno cerrado. La abogada María Elena Attard explica que cuando se especifica que el estado de un caso es “con condena” es que ya se está ejecutando la sentencia; esta puede ir en casación, es decir revisión, hasta el Tribunal Supremo de Justicia, lo que alarga la agonía de la familia de la víctima.

Incluso, una condena ejecutoriada no es garantía de paz porque el feminicida puede lograr algún beneficio y salir antes de prisión, de manera irregular en muchos casos, como Bolivia lo constató a partir del caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores, que activó el trabajo de la comisión revisora con los límites señalados.

¿Qué pasa con el resto de casos, entre desestimados, rechazados, sobreseídos, con salida alternativa, en juicio, entre otros?, ¿qué ocurrió con los diez procesos con “salida alternativa”? Un millar de familias en Bolivia golpeadas por los feminicidios transita por ese camino de la justicia cuesta arriba.

La mayor cantidad de feminicidios se concentran en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde apenas una quinta parte de esos crímenes, en los dos primeros casos, y una tercera parte, en la Llajta, lograron condena; esos debían estar entre los revisados ante la constatación de que había feminicidas libres pese a sentencias dictadas y reincidencia. 

Dato 2: “Se emitieron 51 órdenes de aprehensión, 21 personas fueron recapturadas”

El spot señala que de 327 casos revisados un total de 141 fueron observados por distintas irregularidades y añade que -hasta el 3 de junio, fecha en la que se presentó el informe final- para estos casos se emitieron 51 órdenes de aprehensión. No se precisa en qué departamentos o porqué casos. No se detalla cuántos corresponden a feminicidios y cuantos a violaciones.

“No hay un informe final público, que dé datos sobre cuáles son esos 141 casos, de dónde son, en cuáles  se emitió órdenes de aprehensión ni qué pasó con los 90 casos restantes”, reclama la fundadora y representante de las Familias de Víctimas de Feminicidio en Busca de Justicia Bolivia, Estela Quintana.

La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez, miembro de la comisión revisora, explica que en los otros 90 casos las irregularidades vistas no requerían una recaptura. “Eran otro tipo de irregularidades en los que todavía se están haciendo procesos, como corresponde a los administradores de justicia”.

En una entrevista dada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón al canal estatal, la noche del 3 de junio, hizo referencia a las 51 órdenes de aprehensión pero no desglosó la cifra.

Entre los datos presentados por la comisión, además, se hace referencia a la recaptura de 21 feminicidas y violadores. No se precisa si son parte de las 51 órdenes de aprehensión o son ajenas a ellas.  Lo que implica que entre 30 o 50 agresores y asesinos de mujeres están en las calles.

“Hemos pedido una lista de los feminicidas y violadores con orden de aprehensión y cuales fueron recapturados pero no hay”, dice Quintana.

Los datos más precisos, se desprenden de la “Rendición inicial de cuentas 2022” del Ministerio de Gobierno, presentada en abril pasado.  Sin embargo, están incompletos,  ya que cuenta los casos  atendidos sólo en los primeros 60 días del trabajo de la comisión.

En ese lapso, según indicó el ministro Eduardo Del Castillo, se realizaron 14 recapturas, de las cuales ocho correspondían a feminicidas y dos a violadores. Otros cuatro son asesinos, aunque este delito no fue parte de las investigaciones de la comisión.

“Dentro de este grupo hemos logrado recapturar al señor Richard Choque, en La Paz, y al violador de 150 mujeres Abram Peters Dick, en Santa Cruz”, sostuvo la autoridad. Entre otros feminicidas recapturados, según las notas de prensa del Ministerio de Gobierno, están: Ariel Moya, César Zepita, Lionel Cortez, Rubén Centellas y Félix Ferrer.

La información sobre el avance de las aprehensiones y la lista de los sentenciados fue solicitada a dicha cartera de Estado. Se indicó que la vocería del tema le corresponde a la ministra de la Presidencia Maria Nela Prada. En busca de una entidad independiente  se solicitó  información a la Defensoría del Pueblo, donde se dio el mismo argumento.  

Consultada por estos datos, en un evento público, Prada señaló: “Los casos que se revisaron fueron los que tenían a feminicidas y violadores que no estaban cumpliendo con su sentencia por procedimientos irregulares y con la intervención de consorcios. A partir de ahí se hizo un trabajo de revisión (…) y se procedió a las recapturas que, en este momento, siguen en aumento. El trabajo continua (…) no solo para revisar casos sino para dar resultados concretos”.

Para Quintana, madre de una víctima de feminicidio, sus conclusiones sobre el trabajo de la comisión son diferentes. Para ella, sin un informe público y la lista de casos que fueron revisados, además de la de todos los feminicidios ocurridos en el país, no hay certeza del trabajo que se realizó.

“Hemos presentado una nota con nuestros casos, además de un anteproyecto de ley, pero ninguna de las dos cosas fueron tomadas en cuenta. Con esta, ya se han creado tres comisiones y a las mujeres nos siguen violando y matando”, sostiene.  

“Han quedado temas pendientes de recaptura, se está trabajando en eso. Va a haber un espacio en el que se informará sobre el trabajo que queda pendiente”, insiste Pérez.

Dato 3: “Se intervinieron el 100% de los juzgados en Ejecución Penal, más de 80% de los jueces procesados, 10 jueces y 8 fiscales destituidos.”

El spot señala que como parte de los resultados de la comisión, se intervino al 100% de los Juzgados de Ejecución Penal.  Pero ¿cuánto significa esto en números?.

Según el último informe del Consejo de la Magistratura, hasta 2020 había 865 juzgados y tribunales en Bolivia, de los cuales 567 se encuentran en las ciudades capitales del país (65%) y 298 en las provincias (35%).  De todos estos 27 son Juzgados y Tribunales Anticorrupción y Violencia contra la Mujer y 18 juzgados de Ejecución Penal.

Estos últimos se distribuyen de la siguiente manera: uno en Tarija, tres en Cochabamba, cuatro en Santa cruz, uno en Oruro, uno en Pando, uno en Beni, uno en Chuquisaca, cuatro en La Paz y uno en Potosí. Todos se encuentran en las ciudades capitales más El Alto.

 “Ese 100% de intervención de los juzgados, que son 18, posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas. A partir de ahí se identificaron irregularidades en procesos, llevados adelante por jueces de Ejecución Penal, que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia”, explicó Prada.

Cada juzgado tiene un juez, es decir que se evaluó el trabajo de 18 jueces. Esto equivale al 1,6% de los 1.095 jueces que hay en el país, aunque sí se alcanzó al 100% de los 18 juzgados de ejecución penal.

Como resultado de la intervención, Prada manifestó que el 83% de los jueces de ejecución penal fueron procesados, es decir 15 de los 18, ya sea por la vía penal o por la vía administrativa. 10 de los 15 procesados fueron destituidos, mientras que el resto están en un proceso disciplinario.

Pero, ¿quiénes son los jueces destituidos?, ¿qué casos llevaron?, ¿de qué departamentos de Bolivia son?

Estos datos son parte de la información que la comisión no ha hecho pública.  Más allá del caso del juez Rafael Alcón, que dio libertad al feminicida y violador serial Richard Choque, caso que destapó la liberación irregular de sentenciados, se desconoce el resto.

De acuerdo a una conferencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, en la intervención de los 18 juzgados de Ejecución Penal se revisaron más de mil expedientes y se encontró 266 casos de responsabilidad penal por actos irregulares cometidos por los operadores de justicia. Producto de ello, según informó, se instauraron 76 procesos. Pero no se detalla qué cantidad de casos corresponden a feminicidios y violaciones.

Detalló que en consecuencia la sala plena determinó la destitución de 11 de los jueces y la derivación de los siete restantes a un proceso disciplinario. Las cifras fueron emitidas en marzo, casi tres meses antes de la presentación del informe de la Comisión. Las cifras son mayores a los datos dados por la ministra de la Presidencia. Esta diferencia podría deberse a que la intervención de la Magistratura tomó otros casos además de los revisados por la comisión. 

No obstante, por la falta de apertura en el trabajo que hizo la comisión y por el escueto acceso a datos públicos en el país, no es posible precisarlo. Por tanto, hasta que no se modifiquen estas circunstancias, seguirá la sed de respuestas ante el trabajo realizado para combatir la violencia que ha cobrado más de mil víctimas.

Solicitudes sin respuestas

El Polígrafo y/o los medios que lo conforman se pusieron en contacto con diferentes entidades públicas en búsqueda de información oficial que pueda aclarar interrogantes respecto al trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y Violaciones, entre ellas el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia Plural. Las solicitudes fueron de forma oral y escrita, pero ninguna tuvo éxito.

Enviamos solicitudes de acceso a los datos al Tribunal Supremo de Justicia el 30 de junio de 2022 y luego de una semana contestaron que prescindían de dar información por caso de reserva fundado en la Ley N°348 en su artículo 86, especificando que el proceso por hechos de violencia es reservado y confidencial por las víctimas.

Acto seguido recomendaron reconducir la solicitud de información al Consejo de la Magistratura, especificando que esta es una “instancia autorizada por Ley en materia de información actualizada, reportes estadísticos, de movimientos de causas por violencia hacia las mujeres”

También se acudió a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Senadores de Bolivia y desde allí la solicitud fue remitida al Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia respondiendo que “los datos solicitados no se concentran en este despacho legislativo”.

La Fiscalía respondió que la información está disponible en su sitio web donde no es posible hallar los datos con precisión y el Consejo aún no había respondido a la solicitud en la semana que termina.

Incluso, desde distintos medios dentro de El Polígrafo se hicieron solicitudes para realizar entrevistas a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada y al Ministro de Justicia, Iván Lima, ambos miembros de la comisión. Ninguna de estas peticiones fue atendida.

*Tres días después (03/08/2022) de la publicación de esta nota (31/07/2022), el equipo de Bolivia Verifica recibió una llamada telefónica por parte del viceministerio de Comunicación quienes indicaron que se publicará próximamente una ¨memoria institucional¨ con todos los datos que fueron solicitados sobre el trabajo de la comisión revisora. ¨Pedimos que tengan paciencia pues se llevará a imprenta para impresión y difusión¨, detallaron.

Actualizado al 03 de agosto de 2022*