Es falso que la descentralización de los institutos tecnológicos signifique una privatización de la educación
El Gobierno y la Conmerb hicieron un acuerdo este 11 de noviembre y acordaron, antes de definir un nuevo modelo de gestión, evaluar la posible transferencia administrativa de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones.
La ejecutiva de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba, Margarita Veneros, dijo que transferir los institutos tecnológicos a las gobernaciones es lo mismo que privatizar la educación. Sin embargo, la afirmación es falsa. El traspaso pasa del Ministerio de Educación a los servicios departamentales de educación de las gobernaciones; es decir, la administración sigue dentro del sistema estatal y público.
Las declaraciones de Veneros fueron identificadas en una entrevista difundida por la cuenta de TikTok jumanakana.arupa, durante una marcha de protesta de los maestros realizada el 1 de noviembre en la avenida Heroínas de Cochabamba.
Jumanakana.arupa reporta lo siguiente en la publicación:
La ejecutiva del sector, Margarita Veneros, afirmó que esta marcha marca el inicio de las medidas de presión y advirtió que no permitirán, según sus declaraciones, la privatización de la educación fiscal ni su entrega a empresas privadas.
La declaración de Veneros se puede escuchar en el minuto 59:00:
“Traspasar los institutos tecnológicos seria privatizar la educación… muchos jóvenes no tendrán derecho a la educación”.
Para esta verificación revisamos y analizamos el anteproyecto que plantea transferir institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Cabe aclarar que el Gobierno retiró la propuesta y anunció que el documento será sometido a una evaluación participativa.
El anteproyecto contemplaba el traspaso de los institutos tecnológicos dependientes del Ministerio de Educación a las gobernaciones, manteniendo su financiamiento dentro del techo presupuestario del Tesoro General de la Nación (TGN). Las administraciones departamentales asumirían la responsabilidad de mejorar la infraestructura educativa, mientras que el Ministerio de Educación continuaría financiando los ítems del personal docente.
La iniciativa abrió un frente de conflicto entre el Gobierno nacional y el magisterio. El Ejecutivo justifica la medida en el marco de la propuesta del 50/50, mientras que los maestros advierten que las gobernaciones carecen de capacidad económica para asumir esas competencias y alertan sobre el riesgo de cierre o privatización de los institutos.
No obstante, es importante precisar que el anteproyecto no plantea una transferencia de instituciones públicas al sector privado, sino un cambio de dependencia administrativa entre entidades estatales: del Gobierno nacional a las gobernaciones, ambas integrantes del Estado.
La propuesta pensaba alcanzar a 200 y 220 institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y de formación lingüística, distribuidos principalmente en áreas rurales del país.
¿El anteproyecto buscaba privatizar la educación?
No. El anteproyecto no planteaba transferir los institutos técnicos y tecnológicos a empresas privadas, sino modificar su dependencia administrativa, pasando del Gobierno central a las gobernaciones. Se trata de una transferencia entre entidades públicas del Estado, no de una privatización.
Bolivia Verifica consultó a dos especialistas en educación, quienes cuestionaron el enfoque de las protestas del magisterio y consideraron que sus argumentos tienen una orientación política. Ambos señalaron la importancia de centrar el debate en los aspectos educativos de la propuesta, como la calidad de la formación técnica, la pertinencia de las carreras respecto a las vocaciones productivas regionales y la capacidad de gestión de las gobernaciones.
“No implica una privatización”
El experto en educación Manuel E. Contreras afirmó que el anteproyecto de transferencia de institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones no implica una privatización, sino una redistribución de competencias entre instituciones públicas. A su juicio, la iniciativa puede mejorar la atención educativa al acercar la gestión a las necesidades productivas de cada región.
“¿Corresponde la palabra privatización? No, en absoluto”, sostuvo Contreras al explicar que la propuesta plantea trasladar la administración de los institutos del nivel central al departamental, sin sacarlos de la estructura estatal.
“Lo que se está haciendo es transferir de un brazo del Estado a otro brazo del Estado”, enfatizó el especialista, quien cuestionó la interpretación política que presenta la iniciativa como una privatización.
Contreras consideró que una gestión más próxima a los territorios puede responder mejor a sus necesidades productivas y educativas. Para ilustrar su posición, planteó el caso del ensamble de mojos de San Ignacio, en Santa Cruz, y preguntó si su atención sería más eficiente desde La Paz o desde la administración departamental.
“¿El ensamble de mojos en San Ignacio será mejor atendido desde la burocracia de La Paz o será mejor atendido desde la ciudad de Santa Cruz, que conoce el tema?”, cuestionó. “Yo creo que desde Santa Cruz”, concluyó.
Advirtió que los resultados dependerán de las capacidades y decisiones de cada gobierno departamental. Según Contreras, la transferencia no sería obligatoria para todas las gobernaciones, sino que avanzaría con aquellas que manifiesten su voluntad de asumir esa responsabilidad.
“La lectura de los maestros es política”
La experta en educación Cecilia Lazarte considera que la transferencia de institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones puede mejorar la formación profesional y su articulación con las necesidades productivas regionales. Cuestionó que las protestas contra la iniciativa estén vinculadas a intereses políticos.
“Mientras más cerca esté la decisión de la formación de los técnicos profesionales, es mucho más adecuada la respuesta que pueden dar en su proceso de formación”, afirmó.
Lazarte destacó experiencias como el Instituto Técnico de Uriondo, en Tarija, y proyectos de formación vinculados a la producción amazónica, que articulan la educación con las vocaciones productivas de sus territorios.
Asimismo, planteó la necesidad de una transición ordenada y participativa. “Necesitamos medidas de transición, un proceso de socialización de un documento que todavía no sabemos si es ley, si es decreto”, señaló.
La especialista sostuvo que acercar la formación técnica al mercado laboral puede favorecer la inserción profesional y el emprendimiento, al responder de manera más directa a las demandas de cada región.
Cuestiona a dirigente del magisterio rural
La comunicadora social y analista Mónica Olmos cuestionó a la ejecutiva de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba, Margarita Veneros, por afirmar que el artículo 77 de la Constitución establece que la educación es responsabilidad del Gobierno central y que transferir institutos técnicos a las gobernaciones implica privatizarla.
“ No es posible que una ejecutiva de los maestros mienta… es maestra y el engaño no debería ser parte de su currículo vitae”, expresó Olmos, quien también criticó la falta de rigor informativo en la cobertura del conflicto.
La analista consideró necesario que los periodistas profundicen en el marco normativo educativo y examinen las condiciones de calidad, infraestructura y capacidad de gestión de las gobernaciones.
“A esta altura del conflicto, qué necesario se hace que el periodismo se pueda interesar e informar mejor sobre el marco normativo de la educación”, señaló.
Conceptos importantes
Desde el punto de vista jurídico, es necesario distinguir:
– Transferencia administrativa: cambio de dependencia o gestión entre instituciones públicas.
– Descentralización: distribución de competencias y responsabilidades entre niveles de gobierno.
– Privatización: transferencia de propiedad, gestión o prestación de servicios al sector privado, según la modalidad aplicada.
Marco jurídico y constitucional
El marco constitucional boliviano reconoce la educación como una responsabilidad fundamental del Estado y establece que su gestión es concurrente entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.
La Ley N.º 070 ya asigna a las gobernaciones responsabilidades sobre infraestructura, equipamiento y servicios básicos de los institutos técnicos y tecnológicos. En consecuencia, una propuesta de transferencia administrativa debe diferenciarse de las competencias que ya ejercen los gobiernos departamentales.
Además, cualquier modificación sustancial en la distribución de competencias debe respetar la Constitución, la legislación educativa vigente y las disposiciones sobre financiamiento.
La clave de la verificación no es únicamente determinar si existe una privatización, sino establecer qué competencias se pretende transferir, cuáles permanecerían en el Ministerio de Educación y cómo se garantizarían los recursos, los salarios docentes, la gratuidad y la continuidad de la formación profesional.
Contraparte
El equipo de Bolivia Verifica trató de contactarse con la ejecutiva de maestros Margarita Veneros pero no tuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.
Anteproyecto suspendido
El Gobierno y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (Conmerb) acordaron hoy 11 de noviembre de 2026 evaluar la posible transferencia administrativa de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones, antes de definir un nuevo modelo de gestión.
El acuerdo fue suscrito este miércoles por el ministro de Educación, Erick Sanjinés, y el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, con la mediación del Defensor del Pueblo, informó el Ministerio de Educación.
La evaluación se realizará mediante mesas regionales y con participación de los actores involucrados. Sus resultados servirán para elaborar un nuevo proyecto de ley que determine la pertinencia del traspaso y permita mejorar la calidad educativa.
El acuerdo ratifica la educación única, fiscal y gratuita, rechaza cualquier posibilidad de privatización y garantiza el cumplimiento de la Constitución y la Ley 070. Asimismo, descarta transferir la administración de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros a las universidades.
MB
