Bolivia sí recibió fondos ambientales, pero quedó fuera del financiamiento “puro” por decisiones políticas
El ministro de Desarrollo Productivo cuestionó que el país no haya recibido “ni un peso” para contrarrestar los efectos del cambio climático. El dato no es exacto, pero es cierto que limitaciones políticas y legales impuestas por los gobiernos del MAS impidieron acceder a fondos de compensación.
Jesús Vargas Villena
El ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua Óscar Justiniano afirmó el 12 de noviembre que Bolivia “no recibió ni un peso” relacionado al cambio climático en la última década. Su discurso generó críticas de especialistas y activistas ambientales, y resulta engañoso, pues el país sí accedió a financiamiento internacional con componentes climáticos, pero también es cierto que —por decisiones políticas y limitaciones legales— quedó fuera de mecanismos de financiamiento climático “puro”.
En esta verificación ampliada, te contamos en qué se diferencian y el por qué de las diversas lecturas al respecto.
El discurso ministerial
La frase que generó eco en activistas ambientales, periodistas especializados y políticos es la siguiente:
“Lo relacionado al cambio climático es fundamental de que la economía sí sea productiva, de que la economía verde sea productiva y esos son los temas importantes que se tratan en este momento en curso en la COP30, donde se tienen grandes acuerdos y pactos mundiales, donde hay muchos países, los cuales reciben por distintos medios fondos económicos; donde uno de ellos, el más importante es la preservación de la Amazonía, de hecho, en esta COP30, el gran título es de los fondos que se han conseguido para el mundo de la preservación de la Amazonía.
Valga la pena aclarar, de que lastimosamente algunas personas y algunas instancias en la anterior gestión que acaba de concluir la semana pasada hicieron todo, todo lo posible para que Bolivia no reciba un peso. Bolivia en todo este tiempo ha perdido de que le ingresen más de 100 mil millones de dólares por nada más que tener una postura contraria, pero abierta en cada una de las COP que se realizaba en el mundo”.
Este discurso fue pronunciado el 12 de noviembre de 2025 en una rueda de prensa efectuada en La Paz, a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se llevó entre el 10 y el 21 de noviembre en la ciudad de Belém do Pará, Brasil.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés) creó la Conferencia de las Partes (COP) como el órgano encargado de tomar las decisiones necesarias para implementar los compromisos asumidos por los países en la lucha contra el cambio climático.
Críticas al discurso de Justiniano
Desde su cuenta personal en Facebook, el periodista de datos y economista ambiental Stasiek Czaplicki Cabezas hizo una fuerte crítica al discurso del ministro Justiniano, específicamente sobre el financiamiento climático.
El experto en temas ambientales respondió que Bolivia recibió aproximadamente 1350 millones de dólares en financiamiento climático entre 2015 y 2020, según un análisis conjunto de la agencia informativa británica Reuters y la universidad estadounidense de Stanford efectuado en 2023.
“Sostuvo (Justiniano) que en Bolivia podría haber ingresado 100.000 millones de financiamiento si hubiera adoptado otra postura política. Esta afirmación no solo es falsa, sino grotesca. En relación a su población, Bolivia fue uno de los países más beneficiados del mundo en financiamiento climático”, afirmó.
En un análisis publicado el 15 de enero de 2025 en la revista Nómadas, Stasiek Czaplicki especifica que Bolivia, en el periodo de 2015 a 2020, recibió 1350 millones de dólares, 67% en donaciones y 30% en préstamos, equivalentes a 117 dólares per cápita, cuatro veces más que el resto del sur global y considerablemente más que los 78,4 per cápita de referencia.
“Bolivia se sitúa como el cuarto país de América Latina con mayor financiamiento climático, después de Brasil, Colombia y México y en términos per cápita ocupa la tercera posición en la región, superada únicamente por Dominica, una isla del Caribe con baja población, y Nicaragua”, escribió.
Fondos climáticos recibidos
En un rastreo efectuado por Bolivia Verifica se pudo constatar que el país ha recibido y sigue recibiendo financiamiento de Global Environment Facility (GEF) y Green Climate Fund (GCF), para diversos proyectos enfocados principalmente en adaptación al cambio climático, biodiversidad, y manejo de recursos hídricos.
El GEF o Fondo Especial para el Cambio Climático se convierte en el principal mecanismo de financiación para los convenios ambientales globales. Aunque tradicionalmente ha sido dominado por las donaciones, también está adoptando enfoques combinados.
El GCF o Fondo Verde para el Clima es el fondo multilateral más grande del mundo dedicado al clima. Ofrece una amplia gama de productos para adaptarse a diferentes proyectos y sectores, tanto públicos como privados. Entrega donaciones para adaptación y preparación, también ofrece créditos con facilidades para proyectos con potencial de retorno.
Ambos han canalizado recursos hacia el país, a menudo en colaboración con agencias especializadas en la implementación de proyectos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Uno de los proyectos identificados con este tipo de fondos es el denominado: «Incremento de la resiliencia climática basada en ecosistemas de comunidades rurales vulnerables en la macro región valles del Estado Plurinacional de Bolivia», que data de marzo de 2023 y tiene un monto aprobado de 33,3 millones de dólares del GCF.
El proyecto implementado por la FAO está dirigido a brindar apoyo a pequeños productores afectados por sequías y otros fenómenos extremos en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
En el caso de GEF se identificaron dos proyectos. Uno se denomina «Rutas ambientales para incorporar comunidades locales en buenas prácticas de conservación y negocios basados en naturaleza». Tiene un monto aprobado de $us 7.935.135 enfocado en la gestión sostenible de bosques y sistemas productivos en la Chiquitanía en Santa Cruz , en la zona de El Palmar en Chuquisaca y en Tariquía en Tarija, el cual es implementado desde 2024 por la CAF.
El segundo proyecto tiene un monto aprobado de $us 6.350.000 enfocado en el manejo integrado de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Es implementado desde 2025 mediante la CAF.
En total, Bolivia recibió 47,6 millones de dólares en el período 2020-2025 de ambos fondos.
Es decir que Bolivia sí recibió financiamiento climático en los últimos 10 años.
Compensación climática: el ministro habla de otra categoría de financiamiento
A la consulta de Bolivia Verifica, el ministro Óscar Justiniano respondió mediante un escrito que se confunde de manera sistemática el financiamiento para el desarrollo materializado en créditos soberanos, que el país debe honrar y devolver, “con el financiamiento climático genuino”.
Justiniano explica que el financiamiento climático genuino se refiere al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se convierte en la «piedra angular» del Acuerdo de París y representa una compensación que los países industrializados, responsables históricos de la crisis climática, deben proveer a los que están en desarrollo para apoyar sus esfuerzos de mitigación o adaptación.
Según la autoridad, la cifra de 1350 millones de dólares recibidos por Bolivia entre 2015 y 2020 corresponde en su gran mayoría a préstamos de la banca multilateral como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) entre otros.
Estos recursos, en su explicación, están destinados a proyectos de infraestructura básica.
“Como se evidencia en los registros oficiales de programas vigentes, estos fondos se han dirigido a áreas críticas como agua potable, saneamiento, riego y gestión de cuencas”.
Indica que si bien estos proyectos incorporan componentes de resiliencia y sostenibilidad, no pueden “ni deben” ser catalogados como financiamiento climático en el sentido estricto que se negocia en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc).
“Presentar estos créditos como un beneficio climático es una ingenuidad malintencionada que ignora la carga financiera que representan para el Estado boliviano”, argumenta Justiniano.
Para el ministro, este tipo de créditos hacen que un país en desarrollo se endeude para solucionar un problema que no ha creado.
Según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo el país se vio “impedido” de acceder a la «panacea» de trayectorias financieras climáticas “debido a una posición política” que le excluyó de oportunidades “transformadoras”.
“Mientras países vecinos avanzaban, Bolivia se mantuvo al margen. El verdadero financiamiento climático, es aquel que puede generar un cambio estructural sin incrementar el endeudamiento público”.
Justiniano recalcó que, al hablar de financiamiento climático en el contexto de las negociaciones internacionales, se refirió a la deuda climática que los países desarrollados tienen con los que están en desarrollo, como es el caso de Bolivia.
El ministro considera que la afirmación de que Bolivia se encuentra “inundada” de fondos climáticos es “un espejismo peligroso”.
Tipos de financiamiento climático
El Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua especificó que hay diferentes tipos de financiamientos climáticos que no son créditos, sino pagos directos por la contribución al medioambiente.
Pagos por resultados (REDD+): Estos mecanismos compensan a los países por la reducción verificada de emisiones por deforestación y degradación forestal. En la región, Colombia ha captado más de 200 millones de dólares por esta vía. Indonesia captó más de 100 millones de dólares. Según informe del Ministerio, Bolivia no ha recibido un solo dólar por este concepto.
Canjes de deuda por naturaleza: Estas operaciones permiten reducir la deuda externa de un país a cambio de compromisos de conservación a gran escala, liberando recursos fiscales para la acción ambiental. En la región, Ecuador logró un canje de 1100 millones de dólares en 2023. Otros países como Belice en América Central lograron canjes de 364 millones en 2021. “Bolivia no ha concretado ninguna operación de esta magnitud”.
Mercados de carbono de alta integridad (artículo 6 del Acuerdo de París): La venta de créditos de carbono certificados permite canalizar inversión privada hacia proyectos de mitigación.
El artículo 6 del Acuerdo de París permite la cooperación voluntaria entre países para alcanzar sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Establece mecanismos de mercado que permiten a los países intercambiar créditos de carbono, así como enfoques no comerciales, los que promueven el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.
“El objetivo es fomentar una mayor ambición climática y desbloquear financiación, asegurando a la vez la transparencia para evitar la doble contabilidad”.
Bonos verdes soberanos: Son instrumentos financieros que permiten a los países financiar proyectos climáticos a gran escala en condiciones favorables. Chile, por ejemplo, emitió bonos verdes por 1400 millones de dólares en 2019. Bolivia no ha emitido ningún bono de este tipo.
Si bien Bolivia no accedió a este tipo de financiamientos, hay barreras importantes, pues se exigen mecanismos de monitoreo con altos estándares que el país no tiene.
Artículos sobre la COP30 de Mongabay Latam, un sitio especializado en medioambiente, indican que este tipo de fondos solo entregan recursos a países que demuestren su cumplimiento, con sistemas de monitoreo confiables, que logren reducir la deforestación año con año. Este tipo de monitoreo puede ser complejo para países que no tienen suficiente infraestructura, como es el caso de Bolivia.
Otro problema con este tipo de financiamiento es el greenwashing. Se conoce como greenwashing a una estrategia de marketing engañosa en la que una empresa o marca se presenta como ecológica y sostenible cuando en realidad sus prácticas no lo son, situación que se da especialmente con la venta de créditos de carbono o con los bonos verdes.
Activistas y algunas organizaciones ambientales suelen tener serias observaciones, especialmente con los bonos de carbono.
Exministro admite limitaciones
Álvaro Ruiz García fue el último ministro de Medio Ambiente y Agua del gobierno de Luis Arce Catacora. El equipo de prensa de Bolivia Verifica le consultó si existía algún tipo de limitación legal o de carácter político para acceder a financiamiento climático y admitió que sí tuvieron restricciones, pero que en su gestión lograron abrir el camino a fondos específicos para cambio climático. «Con mucha seguridad te puedo decir que he sido el ministro que más ha avanzado» en financiamiento climático, respondió.
Ruiz García admitió que hasta 2024 se tenían limitaciones legales por la propia Constitución y la Ley 300 de la Madre Tierra promulgada en 2012 por Evo Morales Ayma. Esta norma establece una posición contra la mercantilización de las funciones ambientales.
En el artículo 4, se afirma que las funciones ambientales «no deben ser mercantilizadas», con el argumento de que estos son dones y no objetos de mercado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró en junio de 2024 como «inconstitucional» una parte de la Ley 300. La sentencia del TCP declaró la inconstitucionalidad de la frase: «estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono”. «La sentencia permitió que podamos hablar de estos temas», recuerda Ruiz.
Con la consolidación de la citada sentencia, Ruiz explicó que en marzo de 2025 presentaron el Registro Nacional Obligatorio de Programas y Proyectos (Renapp) con la inclusión de fondos internacionales. «Hemos venido avanzando, la cooperación nos hizo un reconocimiento importante en la gestión».
Sobre la mención de Justiniano de los 100 mil millones de dólares que se perdieron, Ruiz respondió que no sabe de dónde obtiene esos datos, pero admitió que sí hubo cierto tipo de limitaciones.
La línea política del gobierno del MAS
El extécnico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua Sergio Bowles Chávez, en contacto con nuestro medio, explicó que Bolivia sí recibió financiamiento internacional entre 2015 y 2020, incluyendo créditos y donaciones de CAF, BID, BM, UE y otros, aunque, refirió que «no todos los fondos internacionales son financiamientos climáticos puros».
Aclaró que Reuters contabilizó aproximadamente 1350 millones de dólares como “climate-related finance”, pero esta metodología incluye préstamos sectoriales con componentes ambientales, «no necesariamente instrumentos climáticos modernos como bonos de carbono o pagos por resultados».
El término «climate-related» o «relacionado con el clima» se refiere a cualquier actividad, proyecto o financiamiento que está directa o indirectamente vinculado a abordar el cambio climático.
El exfuncionario del Ministerio de Medio Ambiente afirmó que hubo limitaciones de carácter político que imposibilitaron el ingreso de este tipo de fondos como mencionó el actual ministro. «Bolivia prácticamente no accedió a estos mecanismos debido a posturas políticas adoptadas entre 2009 y 2023».
Bowles añadió que los créditos y donaciones tradicionales generalmente vienen de organismos como CAF, BID, BM o UE, los que incluyen préstamos para agua, saneamiento, electrificación, infraestructura y proyectos de desarrollo. «Algunos tienen componentes climáticos» en resiliencia, cuencas o manejo de sequías.
Este tipo de donaciones internacionalmente pueden ser clasificadas como “climate-related”, pero según explica el técnico ambiental «no son financiamientos climáticos puros».
En el caso de los fondos GEF, especifica que son donaciones «pequeñas y medianas» para biodiversidad, cambio climático y degradación de tierras. «Son financiamiento climático real, pero de escala modesta».
Según Bowles este tipo de financiamiento no transforma la economía del país.
En el caso del financiamiento climático puro, se refiere a bonos de carbono en base al mercado voluntario, pagos por resultados (REDD+, bosques, energía limpia), bonos verdes o sostenibles soberanos y canje de deuda por naturaleza.
«Bolivia no ha recibido pagos grandes por bosques ni ha emitido bonos verdes soberanos, ni ha participado en mercados de carbono». Ejemplificó que solo el proyecto Charagua Art Trees está en proceso con este tipo de financiamiento.
Este proyecto avalado en 2023 abarca una superficie de 12,5 millones de hectáreas de bosque en los departamentos de Pando y Santa Cruz. El pueblo charagua pretende convertirse en el primer territorio indígena en colaborar con el gobierno nacional para presentar una propuesta a la Coalición LEAF con el fin de suministrar créditos de reducción de emisiones de alta integridad.
La Coalición LEAF es una asociación público-privada única dedicada a detener la deforestación tropical para el 2030. En este caso, el tipo de financiamiento es de pago por resultados.
Para Bowles es importante diferenciar entre finanzas sostenibles, verdes y climáticas.
Finanzas sostenibles: tienen un paraguas mayor. Incluyen aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Cubren agua, salud, educación, inclusión e igualdad.
Finanzas verdes: son un subconjunto ambiental. Incluyen bosques, biodiversidad, agua, economía circular y residuos.
Finanzas climáticas: son un subconjunto dentro de las finanzas verdes. Se enfocan exclusivamente en mitigación, adaptación, pérdidas y daños, resiliencia climática y mercados de carbono.
Bowles afirma que en ese entonces el ministro de Planificación del Desarrollo en el gobierno de Arce tuvo una postura política de no abrir al país a mercados de carbono.
El Acuerdo de París adoptado en 2015 establece que cada cinco años todos los países del mundo tienen que actualizar sus NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas). Bolivia ratificó este acuerdo mediante la Ley 835 de 2016.
El técnico confirmó que en 2025 se hizo un NDC con respaldo técnico apoyado por los ministerios de Hidrocarburos y de Desarrollo Rural y Tierras; sin embargo, el documento fue objetado por otras instancias ministeriales. «Cuando ya estaba todo listo, otros ministerios, por cálculos políticos, decidieron obstaculizar, aún sabiendo que el país iba a perder».
Bowles se refiere al Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que solicitaron bajar el documento que ya había sido enviado a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. «Todo esto afectó la credibilidad de Bolivia justo antes de la COP30«.
Este tipo de acciones, según Bowles afectaron la imagen del país en financiamiento climático al no cumplir con el Acuerdo de París. Esta acción pudo ser porque la gestión gubernamental «ya estaba de salida».
En su análisis, el técnico ambiental refiere que Bolivia sí recibió financiamiento internacional con componentes climáticos, pero no financiamiento puro basado en mercados, bonos o pagos por resultados. «Las cifras de Reuters consideran créditos sectoriales y donaciones; mientras que el ministro —Justiniano— se refiere a instrumentos climáticos modernos. Ambos discursos hablan de categorías distintas».
Con respecto a los 100 mil millones de dólares que perdió el país según Justiniano, el técnico responde que es un dato que no se puede constatar, pero que los financiamientos a los que no accedió Bolivia por estas posturas políticas, son de montos iguales o más grandes.
El análisis demuestra que Bolivia sí accedió a financiamiento internacional relacionado con el clima y continúa recibiéndolo a través de fondos como el GEF y el GCF. Sin embargo, la exclusión del país de mecanismos modernos de financiamiento climático puro —pagos por resultados, mercados de carbono, canjes de deuda o bonos verdes— responde a una combinación de restricciones legales, falta de sistemas de monitoreo y decisiones políticas sostenidas durante más de una década a la cabeza del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La afirmación del ministro Justiniano parte de un concepto válido —la ausencia de financiamiento climático estructural y no endeudante—, pero al negar la existencia de otros recursos ambientales recibidos induce a una interpretación errónea.
