No es cierto que el subsidio a los hidrocarburos, tal como rige hoy, haya empezado en el gobierno de Quiroga

En el último debate antes del balotaje, los candidatos a la presidencia expusieron sus propuestas de gobierno en materia económica, entre ellas, la política que asumirán sobre el costo del diésel y la gasolina.

En el marco del debate presidencial, el candidato Rodrigo Paz sostuvo que el actual sistema de subsidios a los carburantes proviene del gobierno de Jorge Quiroga. Pero esta afirmación es falsa porque la subvención a los hidrocarburos de la manera en que rige hoy fue regulada en el gobierno de Carlos Mesa.

En el segmento destinado a conocer las políticas para resolver la crisis económica y energética, el postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) le dijo a su oponente de Alianza Libre lo siguiente:

«Sabes que este sistema de subsidios (a los hidrocarburos) proviene desde el gobierno tuyo». Pero el dato es incorrecto.

Marco legal de la subvención a los combustibles en Bolivia

El subsidio vigente en Bolivia comenzó con la aprobación de dos decretos supremos (27691 y 27992) en 2004 y 2005, que congelaron los precios del diésel en Bs 3,72 el litro de diésel y Bs 3,74 el de la gasolina.

Fue Carlos Mesa quien aprobó los decretos que establecieron el subsidio a los hidrocarburos, en un escenario político de gran tensión y agitación social en Bolivia (1 y 2).

Mesa, quien asumió la presidencia en octubre de 2003, tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada por la llamada “Guerra del Gas”, aprobó los decretos de subsidio a los hidrocarburos con la intención de mantener la estabilidad interna y evitar que los precios de los combustibles detonaran nuevas revueltas como la llamada «Masacre de octubre».

La población exigía mantener precios bajos de los hidrocarburos y proteger el consumo interno, mientras que el Gobierno y las empresas petroleras, que buscaban condiciones de inversión más atractivas, denunciaban pérdidas por la política de precios subsidiados (1).

Se reconoce su evolución y presencia desde décadas atrás, habiendo crecido significativamente en costo desde al menos 2008, cuando alcanzó unos 200 millones de dólares, para llegar a casi 2.000 millones de dólares en 2024, según un reporte de la Fundación Milenio.

El proceso se profundizó con Evo Morales

La subvención actual comenzó con el Decreto Supremo 27691 de agosto de 2004 y el Decreto Supremo 27992 de enero de 2005, ambos en el gobierno de Carlos Mesa. El proceso se profundizó con la llegada de Evo Morales en 2006.

 

En mayo de 2006, tras la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado boliviano pasó a controlar directamente la producción y comercialización de combustibles. Desde ese momento, se fijaron precios internos por debajo del costo de importación o del precio de exportación, lo que en la práctica significó un subsidio directo sostenido por el Tesoro General de la Nación.

Qué sucedió durante el gobierno de Banzer y Quiroga

En 1997, cuando Hugo Banzer gobernaba el país junto a Quiroga como vicepresidente (1997-2022), el gobierno emitió el Decreto Supremo 24914, que estableció una nueva metodología para calcular el precio interno de los productos regulados derivados del petróleo.

Raúl Velásquez, experto en hidrocarburos de la Fundación Milenio, recordó que entre 1997 y 2004, en Bolivia se aplicó una política de subvención distinta a la actual. En ese periodo se implementó un mecanismo de amortiguación frente a las variaciones de los precios internacionales, ajustando el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) e intentando crear un fondo de estabilización para mitigar las variaciones por fuera de una determinada banda de precios.
Sin embargo, todo cambió en agosto de 2004, cuando el gobierno de Mesa promulgó el Decreto Supremo 27691, que fijó el precio del barril de petróleo para el mercado interno en 27,11 dólares.
“Esa medida se constituyó en el principal desincentivo para la exploración petrolera en Bolivia, ya que el mundo ingresaba en el superciclo de precios internacionales del crudo, mientras en el país se mantenía congelado el precio interno”, explicó Velásquez.
Según el analista, desde entonces la producción de petróleo ha caído de manera constante y la falta de exploración impide revertir la tendencia.
En este documento, publicado en 2024 por el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), se puede acceder a un análisis detallado sobre las políticas de precios y subsidios a los hidrocarburos en Bolivia, en el periodo 1986-2025.

Precios congelados desde 2005

En enero de 2005, el Decreto Supremo 27992 eliminó los mecanismos de ajuste por tipo de cambio o por variación del precio internacional del crudo. Desde entonces, los precios se mantienen congelados:
  • Diésel: 3,72 Bs/Lt
  • Gasolina: 3,74 Bs/Lt
“Aunque estas normas pudieron ser modificadas por el Poder Ejecutivo en cualquier gestión, siempre se privilegió la conveniencia política”, señaló el analista.

El fallido intento del “gasolinazo” en 2010

El 26 de diciembre de 2010, el gobierno de Morales intentó eliminar el subsidio mediante el D.S. 748, que subía hasta en 83% los precios de la gasolina y el diésel. La medida generó fuertes protestas sociales y fue retirada pocos días después.

Desde entonces, el subsidio se mantuvo como una política de estabilidad de precios internos, aunque con un alto costo fiscal que se incrementó en la última década debido al crecimiento de la demanda interna y la necesidad de importar diésel y gasolina.

“Se privilegió nuevamente la estabilidad política frente a la necesidad de una reforma estructural”, subrayó Velásquez.

Caída productiva e incremento de las importaciones

A partir de 2015, la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo y condensado) comenzó a caer de manera acelerada. Para ese año, el país ya importaba 45% del diésel y 25% de la gasolina que consumía.
Hoy, la situación es mucho más crítica:
  • Producción nacional de líquidos: caída acumulada del 62% respecto a 2015.
  • Importaciones: cubren 90% del consumo de diésel y 58% de la gasolina.
El analista señaló que esta dependencia, sumada a la caída del 54% en la producción de gas natural y la consecuente disminución de divisas por exportaciones, ha llevado al país a una crisis energética insostenible.
En criterio de Velásquez, la falta de decisiones estructurales en los últimos 20 años ha profundizado la dependencia del país respecto a la importación de combustibles. La subvención, concebida en un inicio como una medida coyuntural, se ha transformado en un lastre fiscal y energético que hoy compromete seriamente la economía nacional.
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