Los derechos olvidados en la agenda de los candidatos
Debate de candidatos a presidente de Bolivia organizado por el TSE. Foto: Internet.
Las propuestas de los ocho aspirantes a la Presidencia revelan una falta de atención a problemáticas críticas que afectan a los sectores más vulnerables que reclaman erradicar la desigualdad y alcanzar una inclusión real.
Por Guadalupe Castillo, de Acceso Investigativo para #LaHoraDeBolivia
En una campaña electoral dominada por discursos centrados en la crisis económica y el empleo, los candidatos a la Presidencia de Bolivia esquivaron temas estructurales que atraviesan miles de familias en el país. Mientras acaparan las redes sociales, los noticieros y las calles con propuestas de cambio, asuntos urgentes como la violencia contra las mujeres, el preocupante aumento de feminicidios, la falta de inclusión para personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+, y los reclamos de los pueblos indígenas por sus territorios apenas se mencionan en sus planes de gobierno. De igual manera, es superficial el debate sobre la deforestación masiva y los incendios forestales.
Género y violencia
De enero al 1 de agosto de 2025, Bolivia registró 50 feminicidios y 12 infanticidios, según datos oficiales. En los últimos 18 meses, las autoridades recibieron 73.231 denuncias por violencia contra mujeres y menores, siendo la violencia familiar o doméstica el delito más común. Estas cifras, que equivalen a un promedio de más de 130 denuncias diarias, revelan la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta estatal más firme y sostenida en el tiempo.
Pese a este alarmante contexto, la violencia contra mujeres y niños no estuvo en el centro del debate público durante la campaña electoral. En los espacios transmitidos por medios nacionales, esta problemática apenas es mencionada por algunos candidatos, no se profundiza en sus causas, en las soluciones ni en las políticas concretas para erradicar la impunidad y la inequidad que cobran vidas y silencian voces.
De las ocho organizaciones políticas en competencia, solo dos presentaron propuestas más desarrolladas en materia de violencia hacia la mujer en sus programas de gobierno registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Alianza Libre (Libertad y Democracia), encabezada por Jorge “Tuto” Quiroga, y la Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, fueron las únicas que incorporaron líneas de acción orientadas a prevenir la violencia, promover sistemas de cuidado y fortalecer la justicia para agilizar procesos, evitar la revictimización y proteger a las víctimas.
Sin embargo, “estas propuestas no lograron posicionarse con fuerza en la agenda mediática ni en el discurso de los propios candidatos durante la campaña electoral”, señala Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de las mujeres.
Las demás organizaciones —Alianza Popular (Andrónico Rodríguez), Alianza Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández), Autonomía para Bolivia – Súmate (Manfred Reyes), Partido Demócrata Cristiano (Rodrigo Paz), MAS-IPSP (Carlos Eduardo del Castillo) y Libertad y Progreso – ADN (Pavel Antonio Aracena)— hacen menciones generales al fortalecimiento y apoyo económico. Pero no desarrollan medidas específicas frente a una problemática como la violencia que incluye agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que afectan a miles de mujeres y niños en todo el país. Los candidatos tampoco dieron visibilidad al tema ni lo abordaron de manera significativa en debates, declaraciones a medios o publicaciones en redes sociales.
PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS : https://public.flourish.studio/visualisation/24637115/
Si bien algunos programas de gobierno mencionan el empleo, las propuestas siguen siendo generales y no lo abordan con enfoque de género ni se refieren a la precarización que enfrentan muchas mujeres en sectores de baja productividad y alta vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, expone Carla Cordero, economista e investigadora de la Fundación Jubileo.
“En un país donde 8 de cada 10 personas trabajan sin acceso a seguridad social ni protección laboral, la falta de políticas públicas integrales perpetúa las desigualdades de género. Mujeres, madres solteras […], ellas son personas vulnerables”, señala.
Para Tania Sánchez, las organizaciones políticas se niegan a reconocer que la violencia no golpea a todos por igual, sino que recae más en las mujeres. Señala que, aunque se presentó a los candidatos la “Agenda País para una Bolivia con Igualdad”, que recoge propuestas de 1.500 mujeres de todo el país sobre justicia, autonomía económica, medio ambiente y violencia de género, los partidos políticos ofrecen pocas respuestas firmes y soluciones integrales. Coincide con Cordero en que la incorporación del enfoque de género en las propuestas electorales sigue siendo débil, “una omisión preocupante” si se considera que las cifras muestran que las principales víctimas de la violencia son mujeres y niños.
Planes pocos visibles para LGBTQ+
La comunidad LGBTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual) es otro sector vulnerable que ha expresado su profunda decepción y preocupación por la ausencia de propuestas claras y específicas en los programas de gobierno. Líderes como María Chantal Cuellar, del Movimiento Trans Feminista Bolivia, y Mateo Rodrigo Solares, coordinador nacional de la ONG Igual Bolivia, indican que esta situación se repite en cada elección y refleja una falta de compromiso e incoherencia entre el discurso de campaña y las propuestas oficiales. Atribuyen esta falta de claridad al temor de los candidatos a perder votos de sectores conservadores.
«Hicimos una revisión de los diferentes planes de gobierno y obviamente no encontramos nada claro, hablan de equidad de género y del acceso a la justicia. El único que menciona algo es Andrónico Rodríguez, que habla de un reconocimiento a activistas que luchen contra la discriminación», dice.
La activista también hace notar las incoherencias entre las declaraciones de algunos candidatos en entrevistas y lo que se plasma en sus documentos oficiales. Pone como ejemplo a Samuel Doria Medina, quien en declaraciones públicas expresó su apoyo al matrimonio igualitario, pero «en el plan de gobierno no menciona lo que dice». Cuellar atribuye esta falta de claridad a que «están en campaña y quieren quedar bien con todo el mundo».
En el mismo sentido apunta Solares: la falta de propuestas se debe al temor de los candidatos a perder votos, influenciados por grupos más conservadores, de tradición religiosa y machistas, pues hablar de la población LGBTIQ les da miedo. Subraya que la discriminación sigue siendo una barrera en áreas clave como el trabajo, la salud y la educación, llevando a un «alto nivel de precariedad laboral» y al abandono de estudios por parte de las personas LGBTIQ+.
PROPUESTAS CANDIDATOS: https://www.canva.com/design/DAGvsDTzBl4/yfws7D9fZ4fFNE_0cz1AzA/watch
Discapacidad con promesas generales
Aunque la Constitución Política del Estado y normas como el Decreto Supremo 5305 (enero de 2025) garantizan los derechos de las personas con discapacidad, este sector advierte que continúa al margen del debate político en Bolivia. Según el Sistema de Información para el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), en el país hay más de 116.000 personas con discapacidad moderada, grave o muy grave..
En la carrera electoral hacia la presidencia, solo cuatro candidatos hicieron referencia al tema en sus discursos: Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia – Súmate), Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre-Libertad y Democracia) y Eduardo del Castillo (Movimiento Al Socialismo).
Doria Medina, en declaraciones a medios de prensa, refirió que “las personas con discapacidad pueden y deben ser integradas al desarrollo del país”. En encuentros en La Paz y Sucre, escuchó demandas de colectivos y recibió respaldo. Aunque su plan de gobierno se enfoca en la economía, incluye políticas de rehabilitación y capacitación laboral para promover la integración social de los sectores vulnerables.
En Cochabamba, Manfred Reyes Villa prometió mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y garantizar la aplicación de las leyes vigentes, con un enfoque económico como eje central.
Jorge “Tuto” Quiroga, al ser consultado por periodistas, reconoció que “decenas de miles” de personas con discapacidad requieren atención física y mental. Pero su propuesta no contempla un eje específico para este sector, sino una reforma integral del sistema de salud con enfoque inclusivo.
Eduardo del Castillo, en el Foro Político Inclusivo 2025 (La Paz), anunció la construcción de al menos 200 centros de salud —algunos especializados en atención a personas con discapacidad—, un plan integral de rehabilitación, inserción educativa y vivienda, así como una ley específica para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la creación de centros de internación para personas con discapacidad mental.
El 28 de julio, dirigentes de las personas con discapacidad de distintos departamentos participaron en el Foro Político Inclusivo 2025 en La Paz, donde escucharon y presentaron su propia agenda a representantes de Libre, Alianza Unidad y Súmate, quienes se comprometieron a incrementar el bono mensual, garantizar el acceso a la salud y transformar el sistema educativo hacia un modelo inclusivo. Sin embargo, Merardo Serrano, presidente de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Tarija, cuestionó que las propuestas sigan siendo “marginales” y formuladas con “frases vacías”.
“Estamos siendo invisibilizados. Las propuestas no pasan de promesas generales. Eso es insuficiente”, advirtió Serrano, señalando que no se abordan las barreras reales en educación, salud, empleo y participación política.
Indígenas invisibilizados
En Bolivia existen 36 pueblos indígenas oficialmente reconocidos, de los cuales 34 habitan en las tierras bajas del país. Entre los más numerosos de esta región se encuentran los chiquitano, guaraní y moxeño. Además, forman parte de las tierras bajas otros pueblos como guarayos, movimas, chimanes (tsimane), itonamas, tacanas, reyesano, yuracaré, joaquinianos, ese ejja, machineri, yaminahua, kabineño y yuqui.
Para Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, la invisibilización de los pueblos indígenas en la campaña electoral es evidente. “No se habla del Estado plurinacional, ni de los acuerdos constitucionales como las autonomías indígenas o la protección de tierras fiscales a favor de las comunidades”. A pesar de haber revisado todos los programas de gobierno desde una perspectiva ambiental, señala que la ausencia de propuestas concretas para los pueblos indígenas es un patrón común en todos los partidos.
Colque sostiene que el eje central de los derechos de los pueblos indígenas son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), más de 23 millones de hectáreas tituladas que enfrentan graves amenazas. “Están siendo avasalladas, hay compra ilegal de tierras, desmontes, tráfico de madera, asentamientos interculturales y divisiones internas alentadas por el MAS”, denuncia. A pesar de estar reconocidas constitucionalmente como espacios de vida y derechos colectivos, en la práctica, las TCO se encuentran en constante vulneración.
En 2024, Bolivia registró un récord histórico de superficie afectada por incendios forestales, con 12,6 millones de hectáreas quemadas, según datos de la Fundación Tierra y otras fuentes. Se trata de la mayor extensión de territorio arrasado por el fuego en la historia del país.
Según registros de Global Forest Watch, Bolivia experimentó en 2024 una pérdida sin precedentes de bosque primario: la tasa de deforestación se disparó un 200 %, alcanzando cerca de 1,48 millones de hectáreas arrasadas. Este desmantelamiento fue impulsado principalmente por incendios forestales provocados para habilitar tierras destinadas a la ganadería y cultivos industriales, como la soya, la caña de azúcar, el maíz y el sorgo.
Para Colque este deterioro ha impulsado la migración de poblaciones indígenas, especialmente de jóvenes, que abandonan sus territorios por la falta de condiciones mínimas para vivir y producir. Muchas TCO están ubicadas “monte adentro”, lejos de servicios básicos o infraestructura, y las zonas donde efectivamente viven estas comunidades no fueron reconocidas como parte de sus tierras.
Colque concluye que, más allá del discurso del Estado plurinacional, lo que debe garantizarse es la protección efectiva de las TCO. Estas tierras preceden a la Constitución y representan un proyecto transversal para el país, con derechos colectivos diferenciados que el Estado está obligado a respetar y resguardar. La omisión de este tema en la agenda política es una señal preocupante. “No se está viendo, ni siquiera en el debate sobre los escaños especiales indígenas en la Asamblea
Legislativa”, advierte.
(PROPUESTAS DE CANDIDATOS)
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