Es falso que el gobierno de Luis Arce haya defendido los recursos naturales

En su mensaje por el Bicentenario, el presidente aseguró que su gobierno «defendió los recursos naturales», pero datos oficiales e informes de organismos nacionales e internacionales revelan que 2024 fue el peor año en pérdida de bosques, mientras rigen leyes permisivas y la falta de control sobre actividades extractivas.

En su discurso por el Bicentenario de Bolivia, el presidente Luis Arce afirmó que, durante su gestión, “el Gobierno nacional defendió los recursos naturales”. No obstante, organizaciones ambientalistas respaldan con datos que los incendios forestales, el avance del extractivismo minero y otros factores han generado un fuerte impacto medioambiental. Estos hallazgos cuestionan la veracidad de la afirmación presidencial y ponen bajo escrutinio la efectividad de las políticas públicas destinadas a proteger y conservar el patrimonio natural del país.

Millones de hectáreas de bosque y pastizales perdidos en los últimos años, el uso descontrolado de mercurio en la minería y la expansión de la deforestación promovida por leyes permisivas, entre otros temas, desmienten el discurso oficial y muestran la dura realidad ambiental en Bolivia.

En su discurso, Arce afirmó que Bolivia enfrentó una serie de desafíos internos, entre ellos, los «fenómenos climáticos extremos, como sequías históricas, heladas y lluvias torrenciales», los incendios que golpearon a las familias productoras; bloqueos de caminos, protestas y el «sabotaje en la Asamblea Legislativa a leyes económicas y sociales». Además de «un golpe de Estado fallido», el contrabando, la crisis de combustibles y los dólares.

Ante este panorama, el mandatario apuntó:

«Aun así, Bolivia sigue en pie, creciendo, con obras entregadas que mejoran la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos. Porque somos un pueblo luchador y ante cada provocación respondimos con trabajo, propuestas y acción, incluso cuando la tormenta parecía no tener fin. El Gobierno Nacional ha defendido nuestra Patria, los recursos naturales, la democracia y la dignidad del pueblo, especialmente a los más vulnerables».

Los incendios en 2024, los peores de su historia

Bolivia sufrió en 2024 la peor temporada de incendios forestales de su historia, lo que contradice cualquier defensa efectiva de los bosques. Entre mayo y octubre de ese año, el fuego arrasó más de 12,6 millones de hectáreas en el país, cifra que superó todos los registros anuales previos y representó el 11,5% del territorio nacional. La cifra de hectáreas incendiadas fue confirmada por el mismo Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Fundación Tierra.

Estas fueron las hectáreas que se quemaron desde 2015, según información extraída de la agencia ANF, basada en datos del Ministerio de Defensa:

Según el informe de la Fundación Tierra (Incendios forestales 2024: Tras las huellas del fuego), a nivel nacional se quemaron 7,6 millones de hectáreas de bosques y las restantes 5 millones de hectáreas fueron áreas no boscosas y pastizales. En términos porcentuales, el 60% del área quemada ha sido bosques.

La cifra difiere levemente de los datos del Gobierno, que cifran en 57% la afectación a los bosques y 43% a pastizales.

Fundación Tierra también señala que las principales causas de fondo de los incendios son la expansión acelerada y descontrolada de la agricultura mecanizada, la conversión de tierras ganaderas a monocultivos, es decir el cambio de uso de suelos; además de la conversión de comunidades y territorios indígenas en campos agrícolas, el uso irresponsable del fuego en desmontes y quemas sin manejo integral ni medidas preventivas, con ausencia de fiscalización estatal.

Además, el informe considera que las políticas y medidas oficiales han sido insuficientes y permisivas, contribuyendo al problema.

Las voces de ambientalistas, la pausa ecológica y las “leyes incendiarias”

Consultada sobre la reciente declaración del presidente, Daniela Justiniano representante del grupo de voluntariado y activismo Alas Chiquitanas cuestionó duramente tanto el mensaje como la gestión de Luis Arce.

“Mucho cinismo. Las cifras no mienten. Somos el segundo país a nivel mundial en deforestación. Vivimos bajo su gestión la peor catástrofe ambiental con 12,6 millones de hectáreas quemadas y millones de animales e insectos calcinados. ¿De qué protección de recursos naturales habla (el presidente Luis Arce)?”, reclamó la ambientalista.

En 2024, mientras los incendios consumían los bosques y tras tres semanas de reclamos de sectores sociales y políticos, el Gobierno nacional declaró desastre nacional a finales de septiembre. Para entonces, el fuego ya había devastado más de 7 millones de hectáreas solo en Santa Cruz, según datos de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

A la emergencia se sumó la escasez de agua. Hasta finales de ese año, la sequía afectó a los nueve departamentos: 155 municipios se declararon en desastre municipal y 15 en emergencia, impactando a 4.330 comunidades y más de 491 mil familias. Paralelamente, las lluvias dañaron 31 municipios y 175 comunidades, afectando a más de 16 mil familias, de acuerdo con cifras del Viceministerio de Defensa Civil.

“Y ni qué decir del tema hídrico. 85% de los municipios se declararon en emergencia por falta de agua. Desde el 2023 se ha acrecentado esta crisis. Es justamente el resultado de un pésimo manejo y políticas públicas. De qué protección habla cuando no da recursos a los guardaparques que protegen el patrimonio natural de todos los bolivianos en las 23 áreas protegidas”, sostuvo Justiniano.

La “pausa ambiental” bajo la lupa

Como medida luego del voraz incendio del 2024, el Gobierno de Luis Arce aprobó el 11 de septiembre el Decreto Supremo 5225 que declaró pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional, para frenar las quemas. La norma suspendía las autorizaciones de quema y prohibía nuevas solicitudes ante la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

En su informe más reciente, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que la medida fue necesaria ante la emergencia. Sin embargo, durante su visita a Bolivia (del 9 al 11 de diciembre de 2024) detectó serias dificultades en la implementación, ausencia de consulta previa con comunidades afectadas y falta de medidas compensatorias. Además, cuestionó la eficacia de este tipo de políticas más allá del contexto de emergencia, por su impacto en pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Las “leyes incendiarias”

Miguel Miranda, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), también refutó las declaraciones presidenciales y cuestionó la continuidad de las denominadas «leyes incendiarias».

«Lo que estamos viendo en el tema bosques es una ruta totalmente contraria al enfoque de la Constitución. Las ‘leyes incendiarias’ han sido denunciadas repetidas veces por la sociedad civil; que vienen desde el gobierno de Evo Morales, ratificados por Añez, en algunos casos amplificados y ratificados y continuados por Arce. Entonces, en el tema bosques podríamos decir que la afirmación del señor presidente falta la verdad. Además, hay un avance en la frontera agropecuaria totalmente irracional…, los cambios de uso de suelo en algunos casos de facto y arbitrarios, en otros casos por cambios en el plus como ha sido en el Beni, es decir, y a eso se añade la mercantilización”, cuestionó Miranda.

Al respecto de las normas incendiarias, la Relatoría Especial de REDESCA, afirma que los incendios en Bolivia y sus impactos deben entenderse en el marco de condiciones estructurales que los han facilitado y agravado. Además, cuestiona la vigencia de normas que permiten desmontes y quemas con fines agropecuarios, contribuyendo a la deforestación y al aumento del riesgo de incendios.

«En este contexto, la REDESCA recuerda que el Estado boliviano tiene la obligación internacional de prevenir daños ambientales significativos, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta obligación implica no solo abstenerse de causar daños, sino también regular actividades peligrosas -como la quema extensiva, el cambio de uso del suelo y la expansión agropecuaria- mediante marcos normativos, sistemas de monitoreo y mecanismos de fiscalización eficaces», dice parte de las conclusiones de dicho informe.

Bolivia, el segundo país en el mundo con pérdida de bosque

Por su parte, los reportes actualizados de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW), una plataforma en línea que permite monitorear los bosques del mundo y alertar sobre la deforestación, en 2024, Bolivia pasó al segundo lugar mundial en pérdida de bosque tropical primario, superando a la República Democrática del Congo.

El informe alerta que el país experimentó un enorme aumento del 200% en la pérdida de bosques primarios en el 2024, alcanzando 1,4 millones de hectáreas; tres veces más que en 2023 cuando llegó a medio millón de hectáreas. De ese total de hectáreas deforestadas, el 63% se debieron a incendios y el 37% a otros factores no causados por las quemas.

«Por primera vez desde que llevamos registros, Bolivia se clasificó en segundo lugar, solo detrás de Brasil, en la pérdida de bosques tropicales primarios, superando a la República Democrática del Congo a pesar de tener solo el 40% de su área forestal», dice el reporte.

GFW señala que la mayoría de los incendios en las selvas tropicales del país se inician con el despeje de tierras para la agricultura a escala industrial, especialmente para la ganadería (que se cree que es responsable del 57% de la deforestación en Bolivia) y monocultivos como soja, caña de azúcar, maíz y sorgo. Además, considera que «las políticas gubernamentales que restaron prioridad a la prevención y respuesta ante incendios y, en cambio, apoyaron la expansión de los negocios agropecuarios, también contribuyeron a los incendios».

El mercurio y minería aurífera 

La situación del uso de mercurio en la minería aurífera constituye otro indicador crítico de la ausencia de una verdadera protección ambiental por parte del Estado. A pesar de que Bolivia ratificó en 2015 el Convenio de Minamata —tratado internacional destinado a proteger la salud humana y el medioambiente frente a los efectos tóxicos de este metal pesado—.

Entre 2014 y 2023 (no hay cifras 2024 y 2025), se importaron 1.285 toneladas de mercurio y a la fecha no existe prohibición alguna para la comercialización y uso de este material tóxico, que incluso se ofrece libremente a través de páginas virtuales como Marketplace en la red social de Facebook, y que también ingresa al país de contrabando según una nota periodística del medio de comunicación Visión 360.

El medio nacional también informa que el Gobierno, que está a pocos meses de finalizar su mandato constitucional, recién trabaja en la socialización de un Plan de Acción Nacional (PAN) para eliminar de manera gradual el uso de este componente, el cual se aplicaría entre 2027 y 2031 hasta en un 60%.

Comunidades de pueblos indígenas intoxicadas

Un estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reveló que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte paceño, quienes superan de dos a siete veces (1,9 ppm y 6,9 ppm) el límite de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 ppm (parte por millón).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es tóxico para la salud y puede ser muy perjudicial durante el desarrollo intrauterino y la primera infancia; y causa numerosos daños en la salud, por ejemplo en los riñones, el sistema nervioso y la piel. Además, la exposición al metilmercurio es peligrosa para el feto. Además, informa que las sales inorgánicas de mercurio son corrosivas para la piel, los ojos y el tubo digestivo y, al ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones.

Asimismo, la inhalación o la ingestión de distintos compuestos de mercurio o tras la exposición cutánea a ellos puede provocar trastornos neurológicos y del comportamiento, causando síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea y disfunciones cognitivas y motoras.

El estudio titulado «Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas» se realizó entre 2022 y 2023 con poblaciones ribereñas indígenas Tsimane, Esse Ejja, Leco, Mosetene, Uchupiamona y Tacana que viven alrededor del río Beni y de sus afluentes ríos Tuichi, Tejeque, Quiquibey y Madre de Dios.

Los registros más altos están en los Esse Ejjas con 6,9 ppm y los T’simanes, con 6,8 ppm. Estas poblaciones viven en zonas bajas y tienen un alto consumo de pescado, que es contaminado con el mercurio desechado a los ríos y sedimentos por la extracción del oro. Los Mosetenes, un registro de contaminación de 4,0 ppm; los Uchupiamonas, (2,5 ppm); Tacanas, (2,1 ppm) y Lecos (1.9 ppm).

A cerca del PAN, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), junto a 20 organizaciones denunciaron que fueron excluidos de este plan, que fue elaborado por el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), según informó Mongabay Latam.

Además, denunciaron que este proceso vulneró la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 19) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), los cuales exigen la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en políticas públicas que los afecten directamente.

«¿Cómo puede diseñarse un plan para proteger la salud y el medioambiente sin contar con quienes están siendo envenenados? Por respeto a las poblaciones indígenas víctimas de la contaminación con mercurio por la minería de oro, así como por transparencia con toda la sociedad boliviana, el PAN, al ser una política pública, debe responder a la problemática, y debe ser de conocimiento público”, alertó a Mongabay Ruth Alipaz, representante de la Contiocap.

El Convenio de Minamata apunta a proteger la salud y el medioambiente controlando el uso y comercio del mercurio, limitando su extracción, regulando productos y procesos que lo emplean y vigilando la minería de oro artesanal. También busca reducir su contaminación, gestionar de forma segura los desechos y respaldar con asistencia técnica y financiera a los países que más lo requieren.

Sin embargo, según la nota de Visión 360 Bolivia únicamente aprobó el Decreto Supremo 4959, el 14 de junio de 2023, cuyo alcance se limita a crear el Registro Único de Mercurio (RUME) y establecer la autorización previa para su importación o exportación. La norma no incorpora restricciones ni regulaciones sobre el uso de esta sustancia, ni contempla otros compromisos esenciales previstos en el acuerdo internacional.

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología y su Área de Toxicología Humana elaboró en 2024 el Plan de Mercurio y Salud, con la finalidad de establecer líneas de acción claras y objetivas sobre la actuación del sistema de salud para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población expuesta al mercurio.

En Bolivia, la explotación de oro está concentrada casi por completo en manos de cooperativistas mineros auríferos, principalmente en el norte de La Paz y en la Amazonía. Para el investigador Miguel Miranda, esta actividad no solo carece de control estatal efectivo, sino que contradice de forma directa los principios establecidos en la Constitución Política del Estado.

«En el tema oro, las características que tiene la política del oro, o la despolítica diríamos, es que un 99% un 99,9% de la explotación del oro está en manos de cooperativistas mineros auríferos, principalmente el norte de La Paz y la Amazonía. Lo que vemos es que es una es una actividad que tiene características plenas de saqueo de los recursos naturales, es decir, todo lo contrario, al enfoque que vemos en la Constitución», señaló.

El investigador también advirtió que el Estado carece de datos completos sobre la cantidad de oro que se extrae, se purifica o se convierte en lingotes, y señaló que gran parte de la producción sale del país por contrabando, sin generar beneficios significativos.

«Hay una gran cantidad que el Estado no controla, sale por contrabando. El poco oro que se exporta legalmente deja una renta minera bajísima y los altos impactos ambientales y en salud son devastadores, sobre todo por el tema del mercurio, que lo hemos ido difundiendo ampliamente», concluyó.